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Busca impulsar el empleo para adultos mayores que no gozan de pensión, a través de la creación de incentivos tributarios para las empresas que los contraten.

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Las pasantías, prácticas y judicaturas antes de la obtención del título de pregrado serán acreditables como experiencia profesional válida.

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Por el cual se modifica el Artículo 323 de la Constitución Política de Colombia y se establece la segunda vuelta para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá.

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Crea una nueva figura de asociatividad regional para que entre Bogotá-Cundinamarca se pueda dar una planeación organizada a largo plazo.

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Busca que las Alcaldías Locales sean más eficientes y cercanas a la ciudadanía, mediante la reforma de cuatro puntos específicos del Decreto Ley 1421 de 1993.

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Busca que el Distrito Capital de Bogotá y las capitales departamentales constituyan una categoría especial de municipios denominada “ciudades capitales”, que les dará un régimen especial para su organización, gobierno y administración.

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Establece reglas para la convivencia y el servicio de administración en la propiedad horizontal.

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Busca que los padres del menor puedan intercambiar el número de semanas de licencia, siempre y cuando haya mutuo acuerdo y exista autorización del médico tratante.

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Busca dar dignidad y empleo a los cuidadores de personas en situación de discapacidad.

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Los servicios de conexión y acceso a voz e Internet móviles, con valores inferiores a $71.000 (2 UVT), estarán exentos del IVA.

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Busca beneficios económicos, sociales y de reconocimiento simbólico para los el personal de salud de primera línea que ha atendido la emergencia por el cóvid-19.

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Busca incluir la extracción de biopolímeros en el Plan Obligatorio de Salud.

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Prohibe las corridas de toros en Colombia

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Contempla listas cerradas, financiación estatal, relevo generacional, mayor participación de la mujer y registro único en los partidos.

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Elimina beneficios penales, como la casa por cárcel, para los delitos cometidos contra la administración pública y de justicia, que afecten los recursos del Estado.

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Busca establecer que el periodo del fiscal general de la nación sea institucional y su elección se realice a través de una terna elaborada a partir de un concurso público de méritos.

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